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leemos en ramble tamble:
Introducción y contexto.
En este sentido, conviene calcular el costo de extracción del recurso vis a vis el precio de venta para mesurar la renta. Un estudio del investigador del CONICET y de la Fundación Bariloche, basado en el Informe Financiero de 2015 presentado por YPF en la SEC (Security and Exchange Commission) de Nueva York concluye que: “para producir un barril equivalente de petróleo erogó 18 U$S/bep (171,6 $/bep de acuerdo a dicho informe) (…) En dicho barril equivalente hay producción de petróleo y de gas, si distribuimos ese costo en función de los ingresos generados por las ventas del petróleo y gas producidos por YPF en el 2015, resulta que esos 18 U$S/bep se reparten de la siguiente manera: costo de producción del petróleo 27 U$S/barril, costo de producción del gas 1,9 U$S el millón de BTU (casi 1 $/m3).” Otras fuentes del sector, coinciden en calcular en 1,11/m3 el costo de explotación del gas para inversiones nuevas, considerando una ganancia del 6%.
Si considerando ahora solo el 50% de los hogares que tienen un consumo mayor que la media para el tipo de hogar (para esta clasificación se considera el tamaño de la residencia, si es una casa o un departamento, el número de integrantes y la edad), el 70%, tiene un consumo inferior a 650 KW/h y solo el 5% un consumo superior a 1200 KW/h. Esto significa que del 50% de los hogares que son “más derrochadores”, solo el 30% tiene un consumo superior a 850KW/h bimestral, o sea que solo el 15% de los hogares son hogares “derrochadores” y consumen más de 850 KW/h. Además, menos de un 3% es derrochador y consume más de 1200 KW/h. A continuación, se ilustra la distribución por consumidores.
Introducción y contexto.
Las medidas llevadas adelante en los últimos ocho meses por la nueva gestión tienen un rumbo claro. El incremento en las tarifas en energía eléctrica y gas no son una medida aislada, ni improvisada. Por el contrario, resulta una pieza fundamental en la estrategia del actual gobierno de desplomar el mercado interno para aumentar saldos exportables y reducir la inflación a partir del estrangulamiento de la demanda vía ajuste,caída de los ingresos familiares y desempleo. No refleja un “error de cálculo” sino que evidencia la lectura que hace el gobierno actual sobre su precedente, el proyecto de país al que apunta y su estrategia para llevarlo adelante.
Lo primero que se ejecutófue un paquete de políticas que beneficiaron a los sectores más concentrados de la economía. Para exportadores: devaluación de la moneda más eliminación de las retenciones a la exportación de trigo, maíz, carne, productos mineros y regionales y de la mayoría de los productos industriales, mientras se redujo en un 5% las retenciones a la soja. Para el sector financiero: fin del “cepo cambiario”, la suba de las tasas de interés, pago a los holdouts, derogación de las leyes Cerrojo y de Pago Soberano que habían sido sancionadas por el kirchnerismo, blanqueo de capitales. Apertura comercial para importadores: eliminación de las DJAI, reducción de las alícuotas de impuestos a los autos de gama media y alta (con mayoría de componentes importados), entre otros. Para las grandes empresas se inició un proceso de reducción de los costos laborales: disminución del salario tanto en poder de compra como en dólares, ya instalando la idea de una “necesaria” flexibilización laboral.
A la par, lareducción del poder adquisitivo del salario por efecto de la devaluacióny la creciente inflación se refleja enla caída de la demanda. Si a esto se agrega la dificultad para competir con los precios de los bienes importados y el aumento de costos por el tarifazo,se comprende el contexto resultante de despidos, suspensiones, reducción de jornada en el sector industrial y cierre de comercios pymes. En efecto, el aumento de las tarifas de los servicios – en promedio: electricidad mayorista (+257%), energía eléctrica AMBA (+370%), gas natural (+195%), transporte público de pasajeros (+100%), agua potable AMBA (+220%) – se tradujo en una mayor caída del ingreso de los hogares y aumento de costos para los sectores productivos.A su vez, la ola de despidos en el sector públicose complementó con el cierre o vaciamiento de programas destinados especialmente a permitir el acceso a asistencia social, salud y cultura a los sectores más postergados del país.El veto presidencial a la ley de emergencia ocupacional y el avance sobre el sistema de previsional son notas de una misma melodía.
En definitiva, los primeros nueve meses de gestión dan cuenta de una enorme transferencia de recursos desde los sectores populares, clase media, industrias y pymes locales, comerciantes hacia los sectores concentrados de la economía.No se puede desconocer este marco a la hora de analizar elaumento de las tarifasde los servicios públicos. Cualquier análisis meramente sectorial podría concluir que las medidas estuvieron mal diseñadas y ejecutadas, cuando en realidad eltarifazo fuede la magnitud que se quiso, aunque sin contemplar la capacidad de veto del reclamo popular traducido en amparos judiciales.Esto puso en evidencia la falta de cintura política de los CEOs a cargo de las políticas públicas en la actualidad. La prepotencia a la que están acostumbrados en el mundo privado se traduce en torpeza en la arena públicade lo político y social.
El verdadero fondo de la cuestión
En este punto, es importante esclarecer que la discusión fundamental sobre el tema energético en general y de gas en particular es de economía política. Es decir, se debe responder a la pregunta ¿qué modelo energético queremos y para que proyecto económico? Por lo tanto, el debate central sobre el tarifazo no es legal ni técnico, sino que la discusión del nivel de tarifas y sus aumentos deben enmarcarse dentro de los modelos económicos. Por supuesto que es necesario también hablar de lo legal y lo técnico, pero no como centro del debate. Sino, se corre el riesgo de convalidar la visión economicista de la derecha de que los números tienen que cerrar, aunque dejen a mitad de los argentinos afuera.
El fondo de la cuestión y el núcleo de la problemática energética en nuestro paístiene que ver con establecer una discusión sobre el usufructo de la renta diferencial que produce la explotación de los recursos naturales. Tanto el petróleo como el gas son recursos naturales no reproducibles (como la tierra). Las tareas de exploración, extracción, transporte y distribución del gas sí tienen un costo, pero no la producción del gas. La propiedad de estos recursos genera una renta diferencial; que está relacionado al monopolio de la explotación de un recurso natural (en este caso, un pozo petrolero o gasífero). Quién se beneficia de esa renta, solo está relacionado a la estructura de propiedad subyacente y a los precios relativos de la cadena (las tarifas fijadas por el gobierno) y no a una actividad empresarial, en el sentido productivo del término. Según la Constitución Nacional, la propiedad de los recursos natrales es del Estado, por lo que todos los ciudadanos deberían definir acerca de su destino. De esta manera, es lógico que sea el pueblo el que se apropie de la renta diferencial que emana de la explotación de los recursos. La discusión real es si esta renta se la apropian las corporaciones petroleras o los hogares e industrias. La sociedad debe poder discutir y resolver sobre este debate económico capital para el país.
Consecuencias económicas de las tarifas
Con respecto a las repercusiones del esquema tarifario, existen dos debates desde la economía política. Por un lado, la problemática microeconómicasobre la determinación tarifaria. Por el otro lado, la discusión macroeconómica sobre los impactos agregados. Ambos, además,están íntimamente relacionados.
Con respecto al debate microeconómico el tema central tiene que ver con la determinación del precio de un bien o un servicio. Para la ortodoxia el precio de equilibrio se determina por la oferta y la demanda en el mercado. Si a ese precio hay consumidores que no lo pueden pagar,entonces no podrán consumir ese bien o servicio. Además, existe un problema adicional, relativo a que en buena parte de los casos los oferentes (empresas) generalmente son oligopólicas (pocas), con lo cual tienen mucho más poder de mercado para fijar los precios que los consumidores.
Si el bien es un reloj de oro o cualquier producto de lujo, no existirían mayores problemas que el precio de equilibrio lo determine el mercado. El problema surge cuando se trata de un bien o un servicio esencial, como son los servicios públicos. En contraposición a la lógica del mercado, la visión heterodoxa determina que el Estado tiene que intervenir para fijar el precio que va a pagar el consumidor por ese bien o servicio. Una de las políticas centrales que tiene el Estado para intervenir es la política de subsidios. A partir de los mismos, se paga total o parcialmente el costo del bien o el servicio, por lo tanto, ese costo deja de ser abonado en no su totalidad por el consumidor. Ejemplo, si el costo de un lápiz es 100 pesos, con los subsidios lo que hago es que el consumidor pague por ejemplo 20 pesos y el Estado vía subsidios pague 80 pesos o 90 para darle un margen de rentabilidad a las empresas.
La primera falacia a desmitificar es que con las tarifas bajas no se cubren los costos de los servicios. Estas se cubren, pero no son soportadas en su totalidad el consumidor, sino que una parte pasa a cubrirla el Estado. Seguramente se podrá discutir cuánto de los costos debe pagar el consumidor directamente y cuánto vía subsidios. Sin embargo, el objetivo del macrismo es que, tarde o temprano, el 100% de los costos más la rentabilidad de las empresas lo pague directamente el consumidor sacando en su totalidad los subsidios. El plan de Cambiemos se sintetiza en sacar las retenciones al agro, a las mineras, reducir al mínimo el impuesto a los bienes personales (todos impuestos progresivos) y esa reducción de los ingresos del Estado compensarlo con eliminación de los subsidios a las tarifas públicas. Además, que el precio lo determine el mercado y el demandante pague la totalidad del precio, y si no puede pagarlo que reduzca el consumo (“no podemos estar en remera en invierno en nuestras casas”) o directamente que no consuman como dijo Aranguren cuando subió el precio de la nafta.
Este debate microeconómico de la determinación del precio y quien debe pagarlo, se traduce luego al debate de la macroeconomía (que modelo económico aspiramos a tener). En este sentido, se presentan dos modelos económicos en disputa. El que privilegia el mercado interno, el crecimiento de la producción y la generación de puesto de trabajo o el que privilegia la salida exportadora.
En el primer modelo los subsidios a los servicios públicos son esenciales. Por un lado, porque permiten aumentar el salario indirecto a los consumidores que pagan tarifas más bajas. Esto permite que haya más consumo, más ventas, más producción y generación de puestos de trabajo. Por otro lado, porque el subsidio permite que se reduzcan los costos de las productivos de las empresas y operativos de los comercios, al tener que pagar tarifas más bajas. En el otro modelo, donde se privilegia la salida exportadora de productos primarios, el tarifazo es funcional,ya que reduce consumo interno de energía (objetivo central del macrismo) y aumenta el saldo exportable de recursos energéticos no renovables (como pasaba en la década del noventa).
El problema de este modelo es que, además, genera caída del consumo, desplome del mercado interno, reducción de ventas y producción, aumento del desempleo y la pobreza. Esto conduce al aumento de costos de las empresas y los comercios generando mayores problemas de sustentabilidad, sobre todo en este contexto de reducción de las ventas y apertura comercial. Por lo tanto, el modelo de subsidios de las tarifas públicas es un modelo de inclusión social, mientras que el modelo de la salida exportadora de energía de Macri, que implica la supresión de subsidios, apunta y se sostiene con la exclusión social.En este contexto expuesto, a partir de la puesta en marcha del plan económico de Mauricio Macri, se aumentaron en simultáneo las tarifas de todos los servicios y el gabinete de CEOs pretendió eliminar todos los subsidios de una sola vez, tras una devaluación superior al 60%. Es decir, sin atender las consecuencias sociales de sus medidas ni contemplar que, en un contexto recesivo, aumentos de 1000% en los servicios implican una invitación a la quiebra de las industrias y comercios. Sumado a esto, también se observa una falta de conocimiento de las particularidades del sector: no se contemplaron las diferencias regionales, se incrementó el gas cuando estaba por comenzar la etapa más fría del año, la tarifa social es insuficiente y no ha sido de difusión extendida y se vaciaron los mecanismos de control que garantizaban el cumplimiento del precio máximo fijado para garrafa del GLP, lo cual impacta en los sectores más vulnerables.
El problema de este modelo es que, además, genera caída del consumo, desplome del mercado interno, reducción de ventas y producción, aumento del desempleo y la pobreza. Esto conduce al aumento de costos de las empresas y los comercios generando mayores problemas de sustentabilidad, sobre todo en este contexto de reducción de las ventas y apertura comercial. Por lo tanto, el modelo de subsidios de las tarifas públicas es un modelo de inclusión social, mientras que el modelo de la salida exportadora de energía de Macri, que implica la supresión de subsidios, apunta y se sostiene con la exclusión social.En este contexto expuesto, a partir de la puesta en marcha del plan económico de Mauricio Macri, se aumentaron en simultáneo las tarifas de todos los servicios y el gabinete de CEOs pretendió eliminar todos los subsidios de una sola vez, tras una devaluación superior al 60%. Es decir, sin atender las consecuencias sociales de sus medidas ni contemplar que, en un contexto recesivo, aumentos de 1000% en los servicios implican una invitación a la quiebra de las industrias y comercios. Sumado a esto, también se observa una falta de conocimiento de las particularidades del sector: no se contemplaron las diferencias regionales, se incrementó el gas cuando estaba por comenzar la etapa más fría del año, la tarifa social es insuficiente y no ha sido de difusión extendida y se vaciaron los mecanismos de control que garantizaban el cumplimiento del precio máximo fijado para garrafa del GLP, lo cual impacta en los sectores más vulnerables.
Nuestra matriz energética
El sistema energético argentino no dista mucho en cuanto a las características técnicas de las tendencias a nivel global. La matriz energética -la distribución que existe entre las diversas fuentes de energía- es similar a la internacional con una importante presencia de las energías hidrocarburíferas, totalizando un total del 85% de la energía utilizada proveniente del Gas Natural y el Petróleo. Respecto de los usos de la energía, el principal uso es la distribución de Gas por redes (37%), seguida por la energía utilizada por el sistema de transporte (Diesel y Gasoil: 20%, Motonafta: 10%) y la generación de electricidad (19%).
Ilustración 1: Distribución de las fuentes de energía
Ilustración 2: Distribución de la energía según su uso
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de energía de la Nación
Respecto de los usos finales de la energía, el principal uso lo hacen el sistema de transporte (29%) seguido por los usuarios residenciales (26%) y el sector industrial (23%). Entre estos tres sectores se totaliza más del 75% del uso de la energía final.
Ilustración 3: Distribución de la energía en base a los usuarios finales
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de energía de la Nación
En Argentina, existen 5 cuencas gasíferas y petroleras (Norte, Neuquina, Cuyana, Golfo San Jorge y Austral), donde las empresas de hidrocarburos extraen el petróleo y gas. En el caso de este último, luego lo venden transportistas, luego estas a distribuidoras y por último llegan a los usuarios.
En este sentido, importa analizar cómo se distribuye la renta hidrocarburífera al interior de la cadena. Cuánto perciben las empresas (en el caso del gas las explotadoras, transportistas y distribuidoras), cuánto se apropia el Estado a partir de los impuestos y regalías y cuál es la diferencia entre el precio internacional y lo que pagan los consumidores (lo cual es denominado “renta del consumidor”).
Una importante aclaración es que las empresas extraen de los pozos gas y petróleo de manera conjunta, con excepción del yacimiento Loma de la Lata (Neuquén), que es exclusivamente gasífero. Esto implica la existencia de una renta “conjunta” de gas y petróleo.
Existe una estimación elaborada por Marina Recalde[1] respecto a la renta petrolera y gasífera hasta 2007, que calcula la renta respecto al precio internacional del petróleo WTI (mercado estadounidense) restándole los costos de exploración y explotación y asumiendo una tasa de ganancia del 20%. Para 2007, estima la renta petrolera en 14.099,75 millones de dólares y la renta gasífera en 4856,97 millones. Esta se distribuía de la siguiente manera:
Empresas
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Consumidores
|
Estados Provinciales
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Estado Nacional
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41,20%
|
36,04%
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12,16%
|
10,60%
|
En este sentido, conviene calcular el costo de extracción del recurso vis a vis el precio de venta para mesurar la renta. Un estudio del investigador del CONICET y de la Fundación Bariloche, basado en el Informe Financiero de 2015 presentado por YPF en la SEC (Security and Exchange Commission) de Nueva York concluye que: “para producir un barril equivalente de petróleo erogó 18 U$S/bep (171,6 $/bep de acuerdo a dicho informe) (…) En dicho barril equivalente hay producción de petróleo y de gas, si distribuimos ese costo en función de los ingresos generados por las ventas del petróleo y gas producidos por YPF en el 2015, resulta que esos 18 U$S/bep se reparten de la siguiente manera: costo de producción del petróleo 27 U$S/barril, costo de producción del gas 1,9 U$S el millón de BTU (casi 1 $/m3).” Otras fuentes del sector, coinciden en calcular en 1,11/m3 el costo de explotación del gas para inversiones nuevas, considerando una ganancia del 6%.
Si tomamos los valores que surgen de la resolución del EnargasI/3726 del 31 de marzo de 2016, vemos que, comparando con el costo de 1$/m3, se le está reconociendo una renta a las empresas gasíferas del orden del 60% de ese costo para los clientes R1 y R2 (que son la mayoría) y hasta del 292% para el caso de la categoría R3 4°. Hay que recordar que la resolución 99/2016 que pone el tope del 400% para las tarifas de gas explicita que la diferencia entre el tope y el cuadro tarifario emanado de la resolución 28/2016 será cubierto con recursos del Estado Nacional.
El valor medio consumido por los clientes residenciales es de 1.100 m3 de gas por año[2]. Si tomamos el precio que se cobra para esa categoría de consumo (2,84$/m3) tenemos que cada cliente está pagando 1,84$ por encima del costo el gas en boca de pozo. Esto implica una transferencia anual de $2024 para este consumo promedio, o sea, más de 24 dólares por bimestre de facturación.
La falacia del derroche
Respecto de la demanda finales, es usual que se culpe al incremento de la demanda residencial las dificultades el sector energético. Especialmente se hace foco en el mal uso de la electricidad en los hogares residenciales. Sin embargo, si ordenamos el consumo eléctrico de los hogares, surge que el 77.6% consume menos de 650 KW/h de electricidad bimestral, y el 85% menos de 800 kW/h.
Modelo con pocas luces
Entrando en los aspectos quirúrgicos de la problemática, en lo que respecta al nuevo cuadro tarifario de energía eléctrica, se estableció un incremento del 257% promedio en el precio estacional (valor que pagan las distribuidoras a CAMMESA para adquirir la energía). Su traslado a los usuarios supuso un aumento de la tarifa final de entre 25% y 166%, dependiendo del peso del precio estacional sobre la tarifa eléctrica en cada región. A esto se suman las subas en el Valor Agregado de Distribución (VAD) (ingresos destinados a las distribuidoras por su servicio) que dependen de la decisión adoptada por cada provincia. En 2016 se produjeron aumentos en casi todo el país producto del incremento en los costos de provisión del servicio y de la reducción de los fondos que el gobierno kirchnerista destinaba al sistema de distribución a cambio de que las distribuidoras mantengan inalterado el VAD (programa Convergencia Tarifaria).
Por ahora, el único componente que sigue con el mismo sistema de subsidios sin aumentos en la tarifa fue el transporte. En caso de modificarse y ser trasladado a tarifas impactará a todos los usuarios, aunque en distinta proporción.
Por ahora, el único componente que sigue con el mismo sistema de subsidios sin aumentos en la tarifa fue el transporte. En caso de modificarse y ser trasladado a tarifas impactará a todos los usuarios, aunque en distinta proporción.
Al analizar el nuevo cuadro tarifario de EDENOR y EDESUR, se observa que los usuarios residenciales más afectados por el tarifazo son los que menos consumen: el 85% de los usuarios del AMBA consumen menos de 1000 kWh/bim y vieron incrementada su factura en 500% en promedio, mientras que aquellos con consumos superiores (R6 y R/7) soportaron aumentos de sólo un 290% promedio. Esto va en contra de cualquier política tendiente a favorecer el uso eficiente de la energía.Vale advertir que los aumentos tarifarios son muy superiores a estos porcentajes en el caso de los usuarios que por un mayor consumo (aunque sea mínimo) pasaron a una categoría superior.
Tema aparte es el de la tarifa social, que define que estará subsidiado a $14 sólo el consumo de los primeros 150kwh del mes, equivalente al consumo de una heladera y ocho bombitas durante cuatro horas. El resto, se pagará a tarifa plena.Excepto quienes ahorren respecto de igual mes del año pasado, que abonaran el 30% promedio del cargo variable. Aquí se observa, una vez más, el desconocimiento respecto de las particularidades del sector, dado que es sabido que gran parte de los hogares con bajos ingresos no cuentan con fuentes alternativas de energía (gas natural, por ejemplo) y, por ende, les resulta casi imposible ahorrar o consumir menos que 150 kWh/mes.
En lo que a comercio y a industriasrespecta, el nuevo cuadro tarifario supone incrementos de alrededor de 300% a 400% para los primeros y de 350% a 580% para los segundos. Este importante incremento en los costos fijos, sumado al aumento de precios de los insumos vía inflación y a la caída de la demanda interna por el ajuste, genera una situación crítica difícil de superar para los sectores productivos. De aquí se derivan suspensiones y despidos para reducir costos, que no hacen más que agravar la situación.
Ni en patas ni en remera
Por el lado del gas natural, la actualización de los precios que perciben los productores se trasladó a los cuadros tarifarios de los usuarios generando un incremento promedio de 193% para los residenciales, 795% para los SGP (comercios e industrias) y 91% en el GNC. En el segmento residencial llama la atención que la factura media en pesos en la región patagónica sufrió un aumento promedio de 539%, muy por encima del total país. Por su parte, comercios e industrias han sido especialmente perjudicados con una suba promedio de 697%. Más aún, al no haberse considerado las particularidades regionales, los usuarios no residenciales de la Patagonia alcanzaron subas de 1245%, casi duplicando al resto del país.
Un párrafo aparte merece la conformación técnica de la tarifa del gas. En primer lugar, se debe rebatir la falacia instalada de que los valores del gas a boca de pozo nunca fueron actualizados. En la década del 1992 a 2002 fueron estables y aceptados de buen grado por las petroleras con un promedio de 1,20 a 1,30 dólares por millón de BTU. A ese precio, se exportaba gas a los países vecinos. Entre el 2002 y el 2014 el precio se fue modificando y llego al 2015 a una media de 2,50/2,60 dólares por millón de BTU para toda la producción. Ahora bien, el impacto del tarifazo actual en dólares por millones de BTUascendió a un 74. Esto indica que la medida asumida por el ministro Aranguren buscó principalmente compensar los efectos de la devaluación sobre el sector (a costa de la reducción del poder adquisitivo de los ingresos de los hogares).
En esta concesión que otorga el Gobierno a las empresas, no hay condiciones de ningún tipo que supongan un compromiso de inversiones, ni exigencias de incremento de exploración y producción de ningún carácter para acceder a esta verdadera dádiva. Es impensable, por tanto, que este beneficio asegure un incremento de las inversiones necesarias en este sector energético: al contrario, las empresas productoras de gas tienen ya un plan especial por el aumento de suministro de gas nuevo no convencional que les garantiza un precio de hasta U$S 7,5 por MMBTU. Por lo cual salvo este incentivo preexistente no hay un plan nacional de incremento de la producción energética. La eliminación del subsidio que percibían las distribuidoras (alrededor de 2.500 millones de pesos en 2015)implicó también un aumento de los cuadros tarifarios en el componente propio del margen de distribución. Casi la totalidad de las distribuidoras (excepto GASNOR) utilizaron estos ingresos excedentes para recomponer su margen bruto y no para realizar mayores inversiones. Por todo esto, decimos que el esquema de negocios garantizado por el gobierno de CEOs a las empresas distribuidoras, les permite mantenerimportantes ganancias, a pesar de que el Estado se corra del esquema de transferencias directas.
En esta concesión que otorga el Gobierno a las empresas, no hay condiciones de ningún tipo que supongan un compromiso de inversiones, ni exigencias de incremento de exploración y producción de ningún carácter para acceder a esta verdadera dádiva. Es impensable, por tanto, que este beneficio asegure un incremento de las inversiones necesarias en este sector energético: al contrario, las empresas productoras de gas tienen ya un plan especial por el aumento de suministro de gas nuevo no convencional que les garantiza un precio de hasta U$S 7,5 por MMBTU. Por lo cual salvo este incentivo preexistente no hay un plan nacional de incremento de la producción energética. La eliminación del subsidio que percibían las distribuidoras (alrededor de 2.500 millones de pesos en 2015)implicó también un aumento de los cuadros tarifarios en el componente propio del margen de distribución. Casi la totalidad de las distribuidoras (excepto GASNOR) utilizaron estos ingresos excedentes para recomponer su margen bruto y no para realizar mayores inversiones. Por todo esto, decimos que el esquema de negocios garantizado por el gobierno de CEOs a las empresas distribuidoras, les permite mantenerimportantes ganancias, a pesar de que el Estado se corra del esquema de transferencias directas.
Así planteadas las cosas, el incremento en las tarifas de electricidad y gas se convirtió en un contundente tarifazo, impactando con fuerza en hogares, industrias, comercios, espacios culturales, deportivos y barriales.El descontento popular se tradujo en dos ruidazos con gran convocatoria en las calles y se propagaron los recursos de amparo en todo el país.Finalmente, ante el fallo de la Cámara Federal de la Plata y la apelación del gobierno macrista, la Corte Suprema consideró que el caso del aumento del gas debía ser analizado porque estaba en juego la interpretación de la Constitución Nacional, y existía "trascendencia institucional" debido a que el conflicto generó una "litigación de características excepcionales que compromete principios básicos del debido proceso constitucional en la tutela de los derechos de los usuarios y del Estado Nacional". Después de cursar un pedido de informes a la Procuradora General de la Nación y demorar su decisión hasta después del receso invernal, resolvió:
· Anular los aumentos del gas, porque para la fijación de tarifas de ese servicio, la audiencia pública previa es de cumplimiento obligatorio. La misma, por tanto, fue establecida para el 16 de septiembre próximo en la Usina del Arte, emplazada en el barrio porteño de La Boca.
· La decisión se circunscribe sólo al colectivo de los usuarios residenciales. Esto ya ocasionó la concurrencia de una inmensidad de cámaras, asociaciones y colectivos de empresarios y comerciantes para interponer recursos de amparos que contemplen su situación y eviten generar una asimetría.
· Respecto de los consumidores residenciales, las tarifas deben retrotraerse a los valores vigentes previos al aumento dispuesto por las resoluciones que se invalidan.
· No es válido fundarse en una audiencia del año 2005 para una decisión que se adopta en el año 2016, ni una medida transitoria hasta tanto se celebre una audiencia
· La audiencia siempre se debe hacer para el transporte y distribución de gas, porque son fijados monopólicamente (ley 24.076 y cc). Deben debatirse sus incrementos en forma transparente y razonable para evitar, entre otras cosas, la fijación de tarifas que no contemplen la competitividad y los derechos económicos, sociales y culturales de la población.
· En el artículo 42 de la Constitución se han reconocido lasdesigualdades inmanentes al mercado y al consumo. Por ello hay unaprotección “enfocada en la calidad de bienes y servicios, preservación de la salud y seguridad; información adecuada y veraz; libertad de elección; y condiciones detrato equitativo y digno”. También remarcan los derechos de participación, reconocido constitucionalmente para los usuarios, con particular referencia al control en materia de servicios públicos
Conclusiones finales
Más allá de las consecuencias judiciales de este desaguisado económico que generó la implementación del ajuste tarifario, lo que está claro es que no se trata de una política inocente o mal diseñada.Por el contrario, es un eslabón más en la cadena de medidas impulsadas por el gobierno nacional. El debate está abierto y es mucho más amplio que la cuestión tarifaria, pero sin dudas debe afrontarse la pregunta por los sectores que deben soportar los costos del déficit que enfrenta el sector energético en la actualidad. No es una decisión inocente, refleja directamente para quién y en función de qué se gobierna.
La experiencia mundial, pasada como presente, enseña que un sistema energético que se proponga la defensa del interés público, esto es, el Estado por encima del mercado e implementando una política de subsidios eficiente (como indirectamente se reconoce en el fallo para el caso del gas y su infraestructura), resulta vital al desarrollo socioeconómico de las naciones. Es que la salud energética de una Nación es la salud energética de su pueblo, no la de su balanza comercial. Nunca más oportuno pues traer a colación esta definición de Naciones Unidas, censurada por los medios de comunicación reaccionarios y “especialistas” de la energía: “La prestación de servicios de energía adecuada y confiable a un precio asequible, de una manera segura y ambientalmente benigna, y de conformidad con las necesidades del desarrollo económico y social, es un elemento esencial del desarrollo sustentable. La energía es vital para erradicar la pobreza, mejorar el bienestar humano y elevar el nivel de vida”. Durante los últimos doce años no fueron otras las metas del Plan Energético Nacional lanzado en 2004 por Néstor Kirchner, profundizado por Cristina Fernández de Kirchner e implementado por el Ministerio de Planificación Federal.
Somos conscientes, para terminar, que si bien queda mucho camino por recorrer para acabar definitivamente con la flagrante estafa energética contra la ciudadanía, la primera gran batalla en defensa de la seguridad jurídica popular ha sido rotunda. En las audiencias públicas, por más que no sean vinculantes, el anarquismo mercadista deberá explicarlo y justificarlo todo. Depende exclusivamente de nosotros que lo hagan, aunque no puede dejar de mencionarse que en su fallo la Corte hizo especial énfasis en su facultad jurisdiccional de controlar “la legalidad, razonabilidad y proporcionalidad de las tarifas”, ciertamente, un claro mensaje al Ejecutivo y la decisión que termine tomando una vez consumadas las audiencias.
[2]¿Cómo se distribuye el consumo residencial de gas? Modos de proveer un uso más eficiente. Gil, Salvador y Prieto, Roberto. Petrotecnia, Diciembre 2013
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